Es una historia que suena bastante familiar en las constructoras de la región, de la frecuencia con que se repite: el hijo funda la empresa, el padre aporta el capital inicial y queda como socio por esa razón, no porque opere, no porque decida el día a día, sino porque su dinero hizo posible arrancar. Pasan los años y el hijo hace crecer el negocio, contrata, licita, factura cifras que ninguno de los dos imaginó al principio. Las acciones del padre siguen ahí, sin que nadie, ni el padre, ni el hijo, ni el abogado que hizo el acta constitutiva hace una década, se hayan detenido a resolver qué pasa con ellas si él falta.
Nuevos socios que no se planearon
La respuesta legal por defecto, cuando nadie la planeó, no es sencilla ni rápida, porque esas acciones entran a una sucesión, con todo lo que eso implica, un proceso que puede tardar meses o años, que congela derechos de voto justo cuando la empresa más necesita seguir operando sin fricciones y que puede terminar repartiendo la propiedad de la constructora (y de sus activos) entre herederos que nunca tuvieron ninguna relación con el negocio.
El caso se vuelve todavía más delicado cuando del otro lado, el propio hijo tampoco resolvió su parte. Es común que mientras el negocio crece, la vida personal avance a un ritmo distinto: la esposa no se ha incorporado formalmente como socia, quizás porque la relación es reciente o porque nunca pareció urgente hacerlo con el negocio “todavía chico”; los hijos, nietos del socio fundador, son menores de edad, sin capacidad legal para operar de inmediato. Cuando se junta la sucesión pendiente del padre con la del hijo sin resolver, para seguir funcionando la empresa completa depende de que ninguno de los dos falte antes de que alguien se ocupe del tema.
Los activos, la operación y la separación patrimonial
Aquí el escenario se complica de una forma particular en la construcción: el activo que sostiene la operación no son solo las acciones de la empresa, es la maquinaria, las excavadoras, los camiones, las plantas de trituración, las concesiones y las marcas, cuya titularidad comunmente y del mismo modo que las acciones quedan sin resolver, están registrados muchas veces a nombre de una persona física y no de la empresa que la usa todos los días. Si esa persona falta, la maquinaria queda en el mismo limbo sucesorio que las acciones y con ella se detiene, en los hechos, la capacidad de la constructora para seguir tomando obra: los bancos revisan las líneas de crédito, las afianzadoras dudan antes de emitir una fianza nueva y algún cliente empieza a preguntar quién va a terminar el proyecto.
El esquema que resuelve no es el mismo para todos
Resolver esto no exige necesariamente la figura más sofisticada posible. Existen distintas rutas para separar la continuidad operativa de la empresa del proceso sucesorio de sus socios, desde acuerdos entre accionistas que ya prevén qué pasa con la participación de cada uno en caso de fallecimiento, hasta estructuras patrimoniales más elaboradas, como un fideicomiso que mantenga la operación funcionando mientras se resuelve la sucesión formal, sin necesidad de esperar un juicio. Cuál de esas rutas conviene depende de qué tan grande es ya la empresa, de qué tan definida está la situación familiar de cada socio y de cuánto patrimonio hay realmente en juego. No es una decisión que se tome copiando la estructura que usó otra constructora, ni una que dependa de que la familia ya conozca de antemano estas figuras.
Lo que sí es una necesidad universal resolver, sin importar el tamaño de la empresa ni qué tan familiarizados estén con estas herramientas: en este momento, ¿quién tiene la autoridad legal para firmar un cheque, presentarse ante un banco o continuar una obra en curso si el padre o el hijo faltaran y, si todavía no la tiene, cuánto tardaría en obtenerla para continuar la operación?
